La presidenta peruana, Dina Boluarte, aprovechó su aparición en el Foro Económico de Davos el mes pasado para señalar la sumisión sin reservas de su régimen a la nueva administración encabezada por Donald Trump en Washington y para ofrecer una explotación sin trabas de los recursos naturales del país a las grandes corporaciones mineras y al capital financiero global.

Las declaraciones de Boluarte en Davos combinaron mentiras descaradas sobre su propio régimen, un nivel degradado de obsequiosidad hacia el imperialismo estadounidense y un desprecio manifiesto por la clase trabajadora peruana.

Boluarte afirmó en sus comentarios que Perú no solo es “un país que está entrando en una fase de gobierno tranquilo, sino también uno que está experimentando crecimiento económico”. Atribuyó este escenario optimista a los esfuerzos de su administración: “Perú manejó su economía de manera responsable, evitando el endeudamiento excesivo y el gasto público interno imprudente”.

Estas afirmaciones llevaron a Luis Miguel Castilla, un tecnócrata peruano formado en Estados Unidos que se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas de 2011 a 2014 durante los últimos años del auge de las exportaciones mineras a China, a afirmar que el presidente vive “en un mundo alternativo”.

Dina Boluarte es una figura odiada en Perú, con un índice de aprobación que ha caído al 3 por ciento, el más bajo en la historia del país. Su gobierno ha logrado aferrarse al poder frente a las protestas masivas y los escándalos de corrupción interminables solo gracias a su subordinación a la facción de extrema derecha que domina el Congreso peruano. Llegó al poder como jefa de Estado no electa el 7 de diciembre de 2022 como resultado de un golpe de Estado parlamentario y el posterior arresto del presidente Pedro Castillo, una operación respaldada tanto por las Fuerzas Armadas peruanas como por la CIA.

En uno de sus primeros actos como presidenta, Boluarte dio órdenes de disparar a matar a los militares para reprimir las protestas por el derrocamiento y encarcelamiento de Castillo. Como resultado, 50 personas fueron asesinadas, en su mayoría jóvenes de ascendencia quechua.

Existe una gran preocupación dentro de los círculos gobernantes peruanos de que la indiferencia manifiesta de la presidenta ante los graves problemas que enfrentan los trabajadores peruanos pueda poner en peligro su mandato. El diario económico Gestión publicó un titular reciente: “Más empresas buscan protegerse del riesgo electoral y de una vacante presidencial”. El artículo relata los temores de los capitalistas peruanos a “la inestabilidad política, la pérdida de ganancias y la interrupción de sus cadenas de suministro”.

Recientemente, un oficial militar de alto rango que acababa de ser obligado a jubilarse por la presidenta acusó a Boluarte de corrupción política y favoritismo dentro de las fuerzas armadas. Afirmó que estaba destituyendo a los generales que no la apoyaban mientras promovía a los que sí la apoyaban, creando así una base dentro del ejército para compensar su falta de apoyo popular.

El descontento social en Perú culminó en cuatro huelgas nacionales en 2024, lideradas por los gremios del transporte público en protesta por un aumento de asesinatos cometidos por mafias extorsionadoras. Los manifestantes, que gozan de un apoyo popular abrumador, exigieron la “renuncia del Congreso y de Boluarte”, a la que frecuentemente calificaron de “Dina asesina”.

En sus comentarios en Davos, Boluarte expresó su esperanza de una cooperación multilateral con otros líderes regionales. Castilla interpretó el enfoque de Boluarte como un intento de colocar a Perú en el “radar” de Trump como un aliado confiable.

Su propósito es ser considerada como partidaria de los objetivos de Trump en América Latina, al igual que políticos de extrema derecha como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el presidente argentino Javier Milei, ambos invitados a la toma de posesión de Trump (la Corte Suprema de Brasil le prohibió asistir a Bolsonaro). Los duros recortes de Milei a los programas sociales, que han hundido al 55 por ciento de los argentinos en la pobreza, lo han convertido en un modelo para la nueva administración Trump.

El intento de Boluarte de ganarse el favor de Trump la llevó a proclamar que “América Latina siempre ha mirado a Estados Unidos como al hermano mayor”, una observación servil que solo podría haber hecho que la mayoría de los peruanos se estremecieran.

En la cumbre de Davos se esforzó por exigir la renuncia del presidente venezolano Nicolás Maduro, y dio un paso más después de regresar a Lima, saludando al candidato de la oposición respaldado por Estados Unidos, Edmundo González, como presidente legítimo de Venezuela y otorgándole la “Orden del Sol del Perú”.

Boluarte le rogó a Trump que visitara Perú o, si no, que la invitara a la Casa Blanca para que pudiera “conversar con él para tejer lazos [más estrechos] entre Estados Unidos y Perú”.

Trump no ha mostrado ningún interés recíproco. Según se informa, las autoridades de inmigración estadounidenses han detenido a unos 500 inmigrantes peruanos desde que asumió el nuevo gobierno. Los primeros aviones militares estadounidenses que transportaban a decenas de deportados peruanos llegaron a Lima el fin de semana. Se estima que hay unos 300.000 inmigrantes peruanos indocumentados en Estados Unidos, todos ellos objetivos de la actual represión del estado policial.

Como vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte asistió al Foro Económico de Davos en 2022. En 2021, la revista pseudoizquierdista Jacobin caracterizó la victoria de Pedro Castillo como un resurgimiento de la “marea rosa”, que supuestamente plantea una alternativa al modelo neoliberal impuesto por el imperialismo estadounidense en América Latina tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1989.

Castillo llegó al poder en representación de Perú Libre, un partido ultranacionalista fundado por el corrupto exgobernador de la región de Junín, Vladimiro Cerrón, que mezclaba demagogia populista con retórica maoísta. La compañera de fórmula de Castillo para la vicepresidencia fue Dina Boluarte.

En la reunión de Davos de 2022, Boluarte, hablando en nombre de Castillo, condenó a las empresas mineras transnacionales por contaminar ríos y pastizales de campesinos, afirmando: “Midamos esta contaminación porque el Perú no es una isla donde hay un Robinson Crusoe”.

Sin embargo, durante su discurso en Davos de este año, Boluarte saludó abiertamente la explotación de los recursos naturales por parte de las corporaciones mineras. Afirmó que Perú “es el país que ofrece mejores expectativas para las inversiones extranjeras”.

Durante su estancia en Davos, Boluarte se reunió con los directores ejecutivos de las principales empresas mineras Glencore, Anglo-American y Newmont, así como con los jefes de las principales firmas financieras como Blackrock y Arista, para promover el aumento de las inversiones en Perú. En concreto, habló con Newmont de megaproyectos que superan los 2.000 millones de dólares relacionados con el tratamiento de aguas en la región de Cajamarca.

Este cambio de actitud está en línea con toda la carrera de Boluarte desde que fue catapultada a la presidencia en 2022, y demuestra no solo su propia corrupción, sino más significativamente el pérfido papel desempeñado por el populismo burgués y el nacionalismo de izquierda, junto con sus apologistas pseudoizquierdistas, en toda América Latina.

Boluarte quiere congraciarse con la administración Trump para reforzar su régimen en crisis con el apoyo del imperialismo estadounidense, la principal fuerza contrarrevolucionaria en la región.

En contraposición con el deseo de Boluarte de estrechar vínculos con la administración Trump está la creciente influencia económica de China, ejemplificada por la construcción del megaproyecto del puerto marítimo de Chancay, liderado por la empresa china Cosco Shipping, con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares. El gobierno chino pretende posicionar el puerto de Chancay como el principal punto de salida de materias primas de América del Sur. Para lograrlo, planea construir un tren bala que conectará Chancay con las regiones del sur de Perú, ricas en minerales, y completará la carretera interoceánica que se extenderá hasta São Paulo, Brasil.

Esta iniciativa va en contra de la postura agresiva de Trump hacia América Latina, que incluye amenazas provocadoras de recuperar el Canal de Panamá, intimidar a los panameños por permitir que las empresas chinas operen las instalaciones portuarias que dan servicio al canal y sugerir una invasión militar si el gobierno panameño no las cierra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de febrero de 2024)