El miércoles, los trabajadores responsables de la circulación [signalmen] son el tercero de 12 gremios en la industria ferroviaria de EE.UU. que vota en contra de un contrato nacional mediado por el Gobierno de Biden y los negociadores sindicales, quienes buscan prevenir una huelga nacional sin cumplir ninguna de las demandas de los trabajadores.

El convenio está al borde de un humillante colapso. Los oficiales de la Casa Blanca, tras componer un acuerdo junto a algunas docenas de burócratas sindicales a puerta cerrada el mes pasado, asumieron que todo se había arreglado. Pero no contaban con que los 120.000 ferroviarios del país están decididos a luchar por lo que merecen. El lunes, está programado el inicio de la votación para 60.000 maquinistas y jefes de tren. El voto de los responsables de la circulación ofrece un impulso para rechazar esos contratos también.

Los ferroviarios, quienes votaron de forma casi unánime más temprano este año a favor de autorizar una huelga, están presionando para una huelga nacional. Este sería el movimiento huelguístico más poderoso en décadas en Estados Unidos. Paralizaría inmediatamente el 40 por ciento de la capacidad de transporte de carga del país. Lo que es más importante, animaría a los trabajadores en otras industrias a avanzar sus propias demandas, como los muelles de la costa oeste cuyos estibadores están siendo obligados por la Casa Blanca y los sindicatos a seguir trabajando sin un contrato. Les demostraría a los trabajadores en todas partes que pueden hacer frente a las empresas, a la corrupta burocracia sindical e incluso al Gobierno.

La patronal estadounidense respondió entrando en el campo de batalla para dar órdenes de marchar. El jueves, más de 300 grupos empresariales emitieron una carta abierta pidiéndole al Gobierno de Biden que intervenga para prevenir una huelga. “Es primordial que estos contratos sean ratificados ya”, indica la carta, “ya que un cierre de los ferrocarriles tendría un impacto importante en la economía estadounidense y añadiría a la presión inflacionaria”.

La carta continúa: “Debido a que la Casa Blanca ha desempeñado un papel tan protagónico en el proceso [que condujo al contrato], consideramos que ayudaría que siga haciendo avanzar el proceso en una dirección positiva. De lo contrario, se invocará la intervención del Congreso”.

La carta representa prácticamente a toda la patronal estadounidense manifestándose en unísono, desde la Cámara de Comercio de EE.UU. hasta la Asociación de Soya de Ohio. A pesar de la inaudita crisis política en Washington y el clima violento entre ambos partidos, toda la clase gobernante se acopla de golpe frente a la amenaza de la clase obrera desde abajo.

El movimiento cada vez mayor de la propia clase trabajadora pone de relieve que la división fundamental en la sociedad son las clases, y no las razas, los géneros ni cualquier otra categoría de identidad personal.

La advertencia sobre el impacto de una huelga en la “economía” exuda hipocresía. Proviene de una clase de pirómanos económicos que están orquestando deliberadamente y por medio de las políticas monetarias de Washington una recesión para utilizar el desempleo como arma contras las demandas de alzas salariales. Nunca se manifestaron tales preocupaciones por la “economía” en relación con el devastador costo social de la impopular guerra de la OTAN en Ucrania, que ha contribuido a que se disparen los precios energéticos.

De todos modos, la solución es simple: cumplir las razonables demandas de los trabajadores, incluyendo licencias remuneradas, ajustes automáticos al coste de vida y el fin de las políticas brutales de asistencia que han ahuyentado a decenas de miles de trabajadores de la industria. Pero, a pesar de ser la industria más lucrativa en EE.UU., las empresas ferroviarias se rehúsan incluso a considerar estas demandas.

La exigencia de la carta de que Biden intervenga para garantizar que el contrato “sea ratificado” —es decir, con o sin el consentimiento de los trabajadores— es la actitud de una dictadura corporativista. En lo que concierne a los firmantes, los trabajadores no solo carecen del derecho de hacer huelga, sino que tampoco tienen el derecho a decidir sobre sus propios contratos. Si los trabajadores no votan “correctamente”, entonces la Casa Blanca o el Congreso intervendrá para imponer la decisión “correcta”. Efectivamente lo que la carta dice es “Basta de injerencia de los trabajadores. ¡Nuestras ganancias están en juego!”.

El Gobierno de Biden está intentando imponer los contratos a través de la burocracia sindical proempresarial, que ha seguido intentando sabotear el poder de los trabajadores y sofocar su iniciativa. Por medio de ilimitadas extensiones del emplazamiento a huelga, postergaciones hasta después de las elecciones de mitad de periodo para fortalecer la capacidad del Congreso de intervenir e incluso directamente fraude en las votaciones, el Gobierno de Biden procura hacer valer una prohibición de facto de las huelgas a través del aparato sindical.

Sin embargo, los trabajadores están cada vez más hartos de esto, y el aparato se encuentra desacreditado y aislado. Esto fue lo que motivó la carta del miércoles del presidente del sindicato BMWED, Tony Cardwell, en la que atacó a los “grupos marginales” que abogan por “huelgas ilegales no autorizadas”. De hecho, una huelga en este momento no sería ilegal. Además, solo sería “no autorizada” porque Cardwell y otros funcionarios del sindicato se niegan a autorizarla.

La carta iba dirigida contra el Comité de Base de los Trabajadores Ferroviarios (RWRFC, por sus siglas en inglés), un grupo de ferroviarios que se organiza para luchar contra las traiciones y poner a los trabajadores al mando. Pero, en realidad, Cardwell estaba arremetiendo contra el abrumador apoyo a una huelga, que los trabajadores han “autorizado” una y otra vez.

Mientras tanto, Cardwell admitió en la carta un acuerdo secreto con las empresas transportistas para prolongar el statu quo si los trabajadores rechazaban el contrato del BMWED (algo que hicieron hace dos semanas). Según Cardwell, los trabajadores que exigen que se respete la voluntad de la inmensa mayoría son “marginales”, mientras que los dirigentes sindicales que están desafiando la voluntad de los trabajadores no lo son. No hay razón para esperar una carta furiosa similar de Cardwell contra las demandas de la patronal de una intervención estatal más directa para garantizar que los contratos “sean ratificados”.

El RWRFC publicó una respuesta a Cardwell el jueves por la noche. “¿Qué le da derecho a reclamar la facultad exclusiva de 'autorizar' una huelga?”, preguntó el comité. “No le corresponde a usted ni a sus compañeros burócratas anularnos y decirnos lo que tenemos que hacer”. Y concluyó: “En nombre de nuestros 120.000 compañeros de trabajo, le damos las siguientes instrucciones: Si no está dispuesto a acatar la voluntad de los afiliados, quítese de en medio”.

En 1937, León Trotsky señaló que el carácter de un sindicato “está determinado por su relación con la distribución de la renta nacional”. Si el aparato sindical “defiende los ingresos de la burguesía frente a los ataques de los trabajadores; si lleva a cabo una lucha contra las huelgas, contra el aumento de los salarios, contra la ayuda a los desempleados”, dijo, “entonces tendríamos una organización de esquiroles, y no un sindicato”.

Esta definición, que incluso los sindicatos más conservadores de la época de Trotsky generalmente no alcanzaban, describe completamente las actividades de los sindicatos controlados burocráticamente hoy en día. Operan deliberadamente en nombre de la élite empresarial contra los trabajadores que dicen representar.

Pero cuando la peor crisis económica y social en generaciones está impulsando a la clase obrera a luchar, la autoridad del aparato se está desmoronando. Mientras los ferroviarios están enviando los contratos a la basura, se está desarrollando un poderoso apoyo en la industria automotriz para Will Lehman, un trabajador automotor que se postuló para presidente del sindicato United Auto Workers avanzando la abolición de la burocracia y la transferencia de poder a las bases.

En todo el mundo está surgiendo un movimiento huelguístico que se está convirtiendo en un conflicto político abierto con los Gobiernos capitalistas. En Reino Unido, las huelgas de los ferroviarios y los trabajadores portuarios fueron un factor importante en la caída de la primera ministra Liz Truss después de solo seis semanas. En Francia, una huelga nacional en las refinerías y varias acciones masivas de apoyo con cientos de miles de trabajadores han sido recibidas con una salvaje represión policial por parte del multimillonario presidente Emmanuel Macron. Anteriormente, las protestas masivas contra las alzas de precios en el país insular de Sri Lanka obligaron a su presidente a dimitir y a huir del país.

Los trabajadores deben tomar la carta del jueves como una advertencia. Si no puede depender de los sindicatos para lidiar con la oposición de las bases, entonces la oligarquía corporativa está preparada para reforzarla con formas más abiertas y desnudas de represión estatal. De hecho, la Corte Suprema accedió recientemente a escuchar un caso que ampliaría enormemente la capacidad de las empresas para demandar por los “daños” económicos causados por las huelgas.

Toda esta experiencia contiene una serie de lecciones fundamentales, para los trabajadores ferroviarios y para toda la clase obrera.

En primer lugar, la oposición de los trabajadores no puede encontrar una expresión organizada sino a través de la creación de organizaciones de base, incluyendo comités de base en cada fábrica y centro de trabajo, para movilizar a los trabajadores independientemente del aparato sindical y en oposición a él, unificando a todos los sectores de la clase obrera en una lucha común.

En segundo lugar, esto enfrenta a los trabajadores en una lucha política contra todo el nexo corporativista del Gobierno, las empresas y los burócratas sindicales. En el caso de los trabajadores ferroviarios, el papel del Estado como instrumento de dominio de clase se refleja directamente en la forma que el Congreso (tanto los demócratas como los republicanos) amenaza con intervenir y la participación de la Casa Blanca como mediador en la imposición de un contrato favorable a la empresa. Pero esta es la naturaleza fundamental del propio Estado: no es un organismo neutral, sino el brazo de una dictadura empresarial.

En tercer lugar, la intervención conjunta de toda la patronal estadounidense contra los ferroviarios demuestra una cuestión fundamental: con tal de que el poder económico, y por ende político, permanezca en manos de la élite gobernante capitalista, es imposible garantizar los intereses de la clase trabajadora.

La lógica de la lucha de clases presenta la necesidad de que la clase obrera tome el poder y reorganice la vida económica con base en las necesidades sociales, no el lucro privado, lo que involucraría la transformación de los ferrocarriles y otras industrias importantes en servicios públicos. Ese es el programa del socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de octubre de 2022.)